PRISIONES: Inmigración ilegal, gran negocio para prisiones privadas de EE.UU.

CHARLES REED/THE ASSOCIATED PRESS
Foto del 9 de febrero del 2007 del Departamento de Seguridad Interior muestra una familia de inmigrantes ilegales en el Centro Residencial T. Don Hutto, en Taylor, Texas. La inmigración ilegal es un buen negocio para las empresas privadas de prisiones.
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MIAMI —Estados Unidos está encerrando más inmigrantes irregulares que nunca y eso ha generado un negocio lucrativo para las mayores empresas privadas de reclusorios. The Associated Press descubrió que esas compañías han gastado decenas de millones de dólares en cabildeos para influir en los legisladores y han aportado generosamente a sus campañas electorales.

El costo para el erario llegará este año a 2.000 millones de dólares y en los próximos años las empresas calculan que recibirán aún mucho más dinero gracias a los planes gubernamentales para albergar a los 400.000 inmigrantes ilegales detenidos anualmente.

Tras una década de expansión, el sistema privado que regenta centros de detención va desde un suburbio de Denver a la zona industrial adyacente al aeropuerto de Newark. El sistema es en su mayoría controlado solamente por tres empresas.

El crecimiento no se ha aletargado, pese a la baja de inmigrantes sin papeles en los últimos años.

En 2011, casi la mitad de las camas en el sistema de detenciones civiles estaban en centros privados con escasa supervisión federal, frente al 10% hace una década.

Las empresas recibieron además fondos de filiales que imparten cuidados médicos y transporte. Tienen encerrados más inmigrantes ilegales hallados culpables de delitos federales en su sistema de reclusorios privados.

La bonanza financiera, que salvó de la bancarrota a varias de esas empresas, ocurrió pese a que los funcionarios federales reconocieron que la privatización no es necesariamente más barata.

Este cambio sísmico hacia un sistema privado de inmigración ha pasado casi desapercibido. Mientras las gestiones del Congreso para reformar las leyes de inmigración han causado protestas y han captado la atención del público, los esfuerzos de los congresistas por conseguir dinero de las empresas administradoras de cárceles han recibido mucha menos atención.

Los gigantes del sector —Corrections Corporation of America, The GEO Group y Management and Training Corp.— han gastado por lo menos 45 millones de dólares en donaciones electorales y cabildeo en la última década, descubrió AP.

CCA y GEO, que administran la mayoría de prisiones privadas, insistieron que no influyen en los legisladores para ganar más.

“Es una política establecida que CCA no hace presión política en temas que podrían decidir el encarcelamiento de un individuo”, expresó Steve Owen, portavoz de CCA, en un correo electrónico a la AP. La empresa mantiene un sitio de internet entero dedicado de refutar tales acusaciones.

GEO, que formaba parte de la empresa de seguridad The Wackenhut Corp. hasta 2003, al igual que Management and Training Corp. rechazaron insistentes pedidos de entrevistas.

Los activistas a favor de la inmigrantes son algo escépticos.

“Eso es bastante dinero como para decir que sólo prestan atención”, comentó Peter Cervantes-Gautschi, quien participa en una campaña para animar a los grandes bancos y fondos mutuales a que no inviertan en empresas privadas que administran prisiones.

Los centros de detención están ubicados tanto en ciudades como en zonas rurales, a veces en edificios chatos con cercas de metal coronadas por alambres de púas o espirales afilados.

La Agencia de Inmigración y Aduanas mantiene ahí a hombres, mujeres y niños acusados de violar las leyes de inmigración. La mayoría de las personas detenidas en estas 250 instalaciones en todo el país son inmigrantes ilegales que están por ser deportados, pero hay también portadores de residencia permanente, solicitantes de asilo y otros.

En promedio, al contribuyente estadounidense le cuesta 166 dólares detener a un inmigrante ilegal, incluyendo atención médica y el salario de los guardias, según confirmó el ICE cuando la AP hizo el cálculo y se lo presentó. En el 2004 la cifra era de 80 dólares, aunque el ICE dice que esa cifra no incluía todos los elementos actuales, aunque se negó a dar detalles.

Pedro Guzmán es una de las personas que han pasado por estos centros privados de detención. El llegó a Estados Unidos traído por su madre guatemalteca a los 8 años de edad.

Trabajaba y vivía legalmente gracias a un estatus de protección temporal, pero fue detenido luego de no presentarse a una audiencia para su solicitud de asilo que su madre había interpuesto para él. Los funcionarios ordenaron su deportación.

Aunque estaba casado con una ciudadana estadounidense, el ICE consideró que había demasiado riesgo de fuga y lo encarceló en el 2009: primero en un centro de detención privado administrado por CCA en Gainesville, Georgia, y eventualmente en el Centro de Detención Stewart de CCA, al sur de Atlanta. Guzmán estuvo 19 meses detenido en Stewart hasta recibir la residencia permanente.

“Es un negocio multimillonario, y hacen dinero a raíz de cada persona que pasa por allí todos los días”, comentó Guzmán, quien hoy trabaja como instalador de equipos de televisión en Durham, Carolina del Norte. “Es el dinero que damos como contribuyentes el que está financiando todo esto”.

El gobierno federal intensificó las detenciones de inmigrantes sin documentos en la década de 1990, cuando aumentaba agudamente la cantidad de gente que cruzaba la frontera. En 1996, el Congreso aprobó una ley que exigía la detención de más inmigrantes sin autorización.

Pero fue sólo en el 2005 — cuando llegaban a su máximo los esfuerzos de las compañías de seguridad — que el ICE obtuvo un gran respaldo. Entre el 2005 y 2007, el presupuesto de la agencia saltó de 3.500 millones a 4.700 millones, además de 5 millones para el confinamiento.

Dora Schriro, quien en el 2009 hizo una revisión cabal del sistema nacional de detenciones a solicitud de la secretaria de Seguridad Nacional Janet Napolitano, dijo que casi todas las actividades han sido cedidas a empresas privadas.

“El ICE siempre ha dependido de otros para cubrir sus responsabilidades que son fundamentalmente las del gobierno”, dijo Schriro, ahora comisionada de correccionales de la ciudad de Nueva York. “Si uno no es lo suficientemente competente como para saber cuánto es un precio justo cobrar y negociar las cuotas más favorables para el mejor servicio, entonces es muy probable que se acabe pagando de más”.

Las empresas privadas sostienen que pueden ahorrar dinero al erario en los centros que regentan.

Pablo Páez, portavoz de la empresa GEO, con sede en Boca Ratón, Florida, declaró en un correo electrónico que su empresa apoya la unión de los sectores público y privado que “ha demostrado ser la manera de mejor ahorrarle dinero a los contribuyentes”.

Páez declinó a responder preguntas específicas.

Sin embargo, el subdirector ejecutivo para la Aplicación y Remoción de Operaciones del ICE, Gary Mead dijo que el gobierno nunca ha estudiado si la privatización de los centros de detención de inmigrantes les ahorra dinero.

Las instalaciones “no son las más caras que hay, pero tampoco son las más económicas”, comentó. “El costo no es siempre el único factor”.

Una diferencia fundamental entre las instalaciones privadas y las públicas es la transparencia. Las privadas no están obligadas a cumplir con las leyes sobre acceso a la información pública.

El presidente Barack Obama ha pedido un presupuesto reducido este año para los centros de detención y ha animado a la agencia a buscar alternativas para albergar a los detenidos. También ha girado instrucciones al Departamento de Seguridad Nacional para que deje de deportar a menores de edad, lo que podría reducir el número de gente tras las rejas.

El Congreso, sin embargo, tiene la potestad de aprobar más fondos para detención que lo que haya solicitado del departamento.

Además de los centros de detención civiles, las compañías privadas se benefician con la detención de extranjeros que han cometido delitos federales.

A fin de desalentar a la inmigración clandestina, los fiscales federales tienden ahora a acusar a los inmigrantes de delitos graves por cruzar la frontera sin papeles repetidamente. Ello ha llevado a la detención de miles de personas por reingreso ilegal, junto con delitos más graves. Tales inmigrantes son llevados a las prisiones privadas, construidas expresamente para ese propósito.

Hace una década, más de 3.300 criminales inmigrantes fueron enviados a prisiones privadas, en virtud de dos contratos a 10 años que firmó la Oficina Federal de Prisiones con CCA, por valor de 760 millones de dólares. Ahora, la agencia paga 5.100 millones de dólares a empresas privadas para retener a más de 23.000 criminales inmigrantes mediante 13 contratos diferentes de duración variable.

CCA estaba al borde de la quiebra en el 2000 debido a demandas, problemas de administración y la disminución de contratos. El año pasado, la empresa obtuvo 162 millones de dólares en ingresos netos. Los contratos federales representaron 43% de sus ingresos totales, en parte gracias al incremento en la detención de inmigrantes.

GEO, que cita a la agencia de inmigración como su mayor cliente, tuvo un crecimiento en sus ingresos netos de 16,9 millones de dólares a 78,6 millones de dólares desde el 2000.

“Otro factor que impulsa el crecimiento ... para el sector privado está en el área de inmigración y de inmigración ilegal específicamente”, dijo Brian Evans, director financiero de GEO, ante sus inversionistas en el reporte de ingresos del tercer trimestre de 2011 de la compañía.

La CCA advirtió en su reporte financiero del 2011 que los cambios en la política migratoria del gobierno federal “podrían afectar la cantidad de personas arrestadas, convictas y sentenciadas, lo que podría reducir la demanda de centros de reclusión para ellas”.

La empresa Management and Training, con sede en Utah, no es una empresa pública, por lo cual no reporta sus ingresos. Sólo a nivel federal, estas empresas, sus comités de acción política y sus empleados han gastado más de 32 millones de dólares en actividades políticas y aportes de dinero a campañas desde el 2000— y los partidos políticos nacionales han sido los que más dinero han recibido.

Una revisión realizada por la AP de documentos de la Comisión Federal Electoral revela que las empresas de cárceles privadas y sus empleados dieron dinero a legisladores clave que deciden sobre cuánto dinero dar a los centros de detención nacionales, y que ejercen influencia a la hora de decidir a quiénes otorgar contratos.

James Thurber, director del Centro de Estudios Congresionales y Presidenciales de la Universidad Americana, dijo que en medio del agrio debate nacional sobre inmigración, las empresas han sabido abstenerse de dar mucho dinero a los políticos que abogan por una reforma, ya que les podría resultar contraproducente.

Hay otras maneras, más discretas y más eficientes, para influir en la política, dijo Thurber.

“Hay que seguir el rastro del dinero”, comentó. “Si se está aumentando el dinero para albergar a los inmigrantes ilegales entonces ello implica un enorme cambio de política”.

Entre los principales beneficiarios de las contribuciones de campaña están:

— El Partido Republicano. Los comités nacionales y congresionales recibieron alrededor de 450.000 dólares. Los demócratas recibieron menos de la mitad de eso.

— El senador republicano por Arizona John McCain. Recibió unos 71.000 dólares, mayormente durante su candidatura presidencial del 2008, después de que él retiró su apoyo a una ley que le hubiera dado la posibilidad a los inmigrantes ilegales para obtener la ciudadanía.

— El presidente de la Cámara de Representantes, el republicano John Boehner, recibió 63.000 dólares.

— El representante Hal Rogers, republicano por Kentucky, recibió aproximadamente 59.000 dólares. Rogers fue presidente del primer subcomité de seguridad nacional y es actualmente presidente de la Comisión de Asignaciones Presupuestarias de la Cámara de Representantes. Suele criticar al ICE por no practicar más detenciones.

— El ex líder de la mayoría republicana en el Senado Bill Frist, con 58.500 dólares. Frist, legislador por Tenesí, donde la CCA tiene su sede, fue titular del Senado en los años cuando hubo más detenciones de inmigrantes, de 2003 a 2007.

Más que aportes de campaña, las empresas dedicaron la mayoría de su dinero a las actividades de persuasión política en Washington, con un máximo de 5 millones de dólares en el 2005.

Sólo en el 2011, la CCA le pagó a la empresa Akin Gump Strauss Hauer & Feld 280.000 dólares en parte para “monitorear la reforma migratoria”, según documentos del gobierno.

También hicieron gestiones intensas para contrarrestar un proyecto de ley que les hubiera obligado a cumplir las mismas normas que las instalaciones públicas sobre el acceso y preservación de registros.

Owen, el portavoz de la CCA, dijo que la empresa aumentó sus actividades de cabildeo para que los nuevos legisladores pudieran familiarizarse con el sector.

“En años recientes, las elecciones federales han sido sumamente volátiles, por lo que hay muchas caras nuevas en Washington”, expresó. “El resultado de ello es que hay muchos empleados a nivel federal que probablemente no conocen bien nuestro trabajo”.

El poder político de las compañías a nivel estatal es semejante al que ejercen en Washington, aunque a ese nivel es más difícil rastrear el dinero ya que muchos estados como Arizona e Illinois, donde las compañías han conseguido grandes contratos, no requieren divulgar el origen del dinero.

La AP revisó cifras de aportes de campaña de los comités de acción política de las empresas y sus empleados, recabadas durante la década pasada por el Instituto Nacional para el Estudio de Dinero en Políticas Estatales. Desde el 2003 hasta la primera mitad del 2012, los candidatos o partidos a nivel estatal en los 50 estados han recibido más de 5,32 millones de dólares.

En los 10 estados donde las empresas y sus empleados dieron más dinero, gastaron además 8 millones de dólares más para persuadir a funcionarios locales en los últimos cinco años, halló la AP.

Es imposible saber cuánto de ese dinero fue a contratos relacionados con políticas migratorias. Pero en general, los fondos fueron a estados fronterizos, como Florida y Texas, que tienen una gran población inmigrante, y estados como Georgia y Luisiana, donde también hay una gran cantidad de inmigrantes detenidos — frecuentemente en instalaciones privadas.

El ICE está tratando de mejorar sus labores de supervisión y recientemente canceló planes para que la CCA construya un centro de detención de 1.500 camas en un acaudalado suburbio de Miami donde la medida desató protestas.

También está buscando una nueva ubicación para una prisión en los suburbios de Chicago, luego que las autoridades locales votaron en junio en contra del proyecto.

Sin embargo, el ICE mantiene su compromiso de agregar más celdas para los centros de detención privados, como por ejemplo en Newark, Nueva Jersey, en los suburbios de Chicago y en medio del desierto de Mojave en California.