INMIGRACION: Apostando su futuro

  /AGENCIA EFE
Un coordinador de servicios de educación CHIRLA da instrucciones a un grupo de inmigrantes que llegaron al país con sus padres y que inician el proceso de solicitud de "Acción Diferida para los Llegados en la Infancia", 16 de agosto de 2012, en la Coalición por los Derechos Humanos del Inmigrante en Los Ángeles,

Cuando Iván Ceja, residente de Compton, y Anaiza Moreno, residente de Redlands, se enteraron a mediados de año de la acción diferida, que les brindaría un permiso de trabajo con la opción de renovarlo, y de inmediato se dispusieron a reunir los documentos necesarios para solicitarla.

Ceja envió su paquete solicitando la acción diferida el pasado 17 de agosto y 48 días después fue aprobado, pronto recibiría su permiso de trabajo lo que a la vez le pavimentaba el suelo para solicitar la licencia de conducir.

“Me cambió la vida tremendamente. Ya tengo mi permiso de trabajo e incluso ya tengo trabajo”, comentó Ceja emocionado.

Moreno, quien debido a que su caso requirió representación legal, solicitó la acción diferida semanas después de haber sido anunciada el pasado 15 de junio. La estudiante del colegio comunitario Crafton Hills, de Yucaipa, acudió a la cita de huellas dactilares para comprobar que tiene un record limpio el pasado 1 de noviembre, aun continua esperando recibir la notificación final.

Ambos jóvenes fueron traídos a los Estados Unidos de sus lugares de origen por sus padres de manera ilegal obligados por la situación económica y en busca de un futuro mejor.

Ambos jóvenes son ejemplo de superación aguantando situaciones difíciles creadas por leyes injustas.

Ambos jóvenes decidieron por alguna razón apostar por su futuro solicitando la acción diferida, algo que miles de jóvenes que muy probablemente califiquen para los beneficios no han hecho.

En efecto, según cifras reveladas por USCIS el volumen de solicitudes disminuyó de 5,715 en promedio al día durante el mes de septiembre a 4,527 en noviembre.

Datos indican que de las 308,935 solicitudes recibidas por USCIS hasta el 15 de noviembre pasado, el gobierno federal ha aceptado 298,834 y rechazado 10,101. Más de 120,000 están en revisión final y 53,273 han sido aprobadas, indicó USCIS.

La razón por la cual cuatro de cinco jóvenes que califican para la acción diferida no la han solicitado es un misterio; sin embargo, varias teorías existen.

Una teoría es que los jóvenes esperaban el resultado de las elecciones presidenciales luego de que el candidato republicano Mitt Romney anunciara que el discontinuaría el beneficio de ser elegido.

Las autoridades sin embargo no han reportado un aumento inmediato en el volumen de solicitudes aun cuando el vencedor fue Barack Obama, quien ordenó la acción diferida.

Otra teoría es que el precio de la solicitud podría representar un problema para la mayoría de las familias, especialmente durante las fiestas decembrinas.

La solicitud tiene un costo de 465 dólares, cifra que podría resultar difícil de saldar tomando en cuenta que el salario semanal de un trabajador de tiempo completo que gana el salario mínimo es de 320 dólares.

A eso se le puede añadir los costos legales que los abogados requieren para preparar los paquetes, los cuales oscilan entre los 450 dólares y 2,000 dólares. Aun así, los familiares, amigos y compañeros de trabajo podrían ayudar a los jóvenes con los gastos evitando los regalos innecesarios durante las fiestas decembrinas, indicó Luis Pérez, director de servicios de acción diferida de la Coalición pro Derechos Humanos de Los Angeles (CHIRLA por sus siglas en ingles).

Otro posible factor podría ser que muchos jóvenes están esperanzados en que el nuevo gobierno apruebe una reforma migratoria integral. A pesar del optimismo, activistas y defensores de los derechos del inmigrante sugieren solicitar la acción diferida ya que no hay garantía de una reforma migratoria.

Angélica Salas, directora ejecutiva de CHIRLA, dice estar convencida de que la razón principal del bajo número de solicitantes es la falta de recursos económicos, por lo cual instó al sector privado a actuar en representación de los jóvenes que representan el mañana.

“Sería muy valioso que mas fundaciones, así como el sector privado y corporaciones se comprometieran a cubrir algunos de los costos de estos aspirantes ciudadanos”, comentó Salas.

Cual fuese la razón, lo cierto es que muchos de los jóvenes que cuentan con la edad y el record criminal limpio no pueden solicitar la acción diferida porque carecen de un diploma de escuela preparatoria o GED, así lo reveló un estudio elaborado por el Instituto de Políticas Migratorias (MPI por sus siglas en ingles).

Según MPI, 350,000 jóvenes indocumentados califican para la acción diferida pero no cuentan con el diploma o GED. El estudio también reveló que el 58 por ciento de los jóvenes indocumentados mayores de 15 años de edad están empleados.

Los obstáculos podrían ser muy grandes; sin embargo, líderes cívicos así como jóvenes que han recibido o están por recibir los permisos laborales instan a la comunidad a hacer un sacrificio para beneficio de la nación.

“El tiempo es esencial, existen muchos recursos que proveen información gratuita. Podría ser que incluso no necesiten la ayuda de un abogado. Se los recomiendo, soliciten la acción diferida ya”, concluyó Ceja.