El general retirado Efraín Ríos Montt se acogió el jueves al derecho de no declarar ante la justicia al comparecer por primera vez en el proceso por el exterminio de comunidades indígenas guatemaltecas cometido por el ejército durante la dictadura que encabezó a inicios de los años 80.
“He entendido lo que ha querido decir la fiscalía pero no responderé”, dijo Ríos Montt de pie.
Durante la audiencia en un juzgado de primera instancia de la capital guatemalteca, el ministerio Público expuso las causas por las que considera que el ex gobernante de facto tiene responsabilidad en las operaciones militares perpetradas bajo la política de “tierra arrasada”.
A Ríos Montt, de 86 años, se le acusa de al menos 266 hechos donde habrían muerto al menos 1.771 personas, se habrían cometido 1.400 violaciones y se habría desplazado a por lo menos 29.000 personas, según el fiscal Manuel Vásquez.
En su exposición del caso, Vásquez presentó entre las evidencias recabadas informes antropológicos y de comisiones internacionales.
Vásquez acusó a Rios Montt de autorizar masacres que tuvieron como fín explícito el exterminar al grupo étnico ixil.
“En 1982, Ríos Montt dió continuación a la política de 'tierra arrasada' para consolidar control sobre la población donde el grupo ixil maya fue denominado como enemigo interno”, expusó Vásquez durante la audiencia.
Citó los planes militares de campaña “Victoria 82” y “Firmeza 83” explicando que además del exterminio de civiles, parte de la estratégia de los militares constituyó de violos y agresión sexual a mujeres del grupo étnico Ixil, destrucción de fetos y posteriormente exterminaciones de las mismas. Ríos Montt gobernó de facto entre marzo de 1982 y agosto de 1983.
Después de haber terminado la presentación por parte de la fiscalía, la jueza Carol Patricia Flores informó a Rios Montt que era su turno para declarar pero le recordó que tiene derecho también de guardar silencio.
Es la primera vez que Ríos Montt es citado por la justicia debido a que gozaba de inmunidad política, inherente a la investidura de diputado que ostentó desde hace casi tres lustros y hasta el 14 de enero del 2012.
Miles de personas abarrotaron el edificio de tribunales y sus inmediaciones para manifestar su rechazo al ex dictador y exigir justicia.
“Vengo porque este es el primer paso de la justicia”, dijo Tomás Cedillo, quien dijo que varios miembros de su familia fueron asesinados aparentemente por militares en 1981, durante el periodo de dictaduras militares.
También hubo simpatizantes del veterano líder político guatemalteco, como Ingrid Argueta, quien expresó que “vengo en defensa de Ríos Montt. Esto no es justicia porque no se ha querido hablar de las víctimas del terrorismo de los guerrilleros”.
Además de los familiares de las víctimas, a la audiencia acudieron diplomáticos internacionales, el Alto Comisionado de Refugiados de las Naciones Unidas y la Comisión de Derechos Humanos en Guatemala basada en Washington.
El proceso contra Ríos Montt y los militares que conformaban la cúpula de su gobierno se remonta a una denuncia que el Centro de Acción Legal para los Derechos Humanos (Caldh) presentó en el 2000, responsabilizándolos de las masacres cometidas en comunidades ixiles del norte de Guatemala.
Los generales Mauricio Rodríguez Sánchez y Héctor Mario López Fuentes son procesados y permanecen bajo arresto en un hospital militar dentro del proceso. El general retirado Oscar Humberto Mejía Víctores, ex ministro de Defensa de Ríos Montt, fue suspendido provisionalmente en enero porque se determinó que no posee las facultades físicas ni mentales para ir a juicio.
La política de “tierra arrasada” tenía la intención de eliminar a la población civil que potencialmente podía apoyar la acción de las guerrillas izquierdistas o sumarse a sus filas; también fue parte de las políticas de la dictadura de Ríos Montt la implementación de los denominados “polos de desarrollo” que eran comunidades vigiladas militarmente en las que los campesinos eran obligados a asentarse.
El conflicto armado en Guatemala terminó en 1996 con un acuerdo de paz entre el gobierno y las guerrillas pero durante los 36 años que duró, dejó más de 200.000 muertos y desaparecidos, según el informe de una comisión de la verdad auspiciada por Naciones Unidas tras el fin del conflicto.
La Nobel de la Paz 1992 Rigoberta Menchú también acusó a Ríos Montt de genocidio ante la justicia española.
