JUSTICIA: Aplauden decisión de Suprema Corte en fueros militares

  /THE ASSOCIATED PRESS
El General Mexicano Jaime Antonio López Portillo posa con las dos guías en derechos humanos que se le da al personal militar mexicano.
Foto de archivo 2009.

El máximo tribunal resolvió que un coronel que encubrió la tortura y asesinato de un hombre a mano de dos tenientes de infantería deberá enfrentar el juicio en una corte federal ordinaria

MÉXICO — Organizaciones de derechos humanos afirmaron el viernes 10 de agosto que la decisión de la Suprema Corte de Justicia de juzgar a un militar en un tribunal civil es un gran logro para la justicia en México.

Los activistas sostuvieron que la resolución demuestra que los ministros de la Corte están dispuestos a establecer precedentes que limiten a los tribunales militares en otros 29 casos que tratarán en las próximas semanas.

“Es una decisión histórica de la Suprema Corte”, dijo José Miguel Vivanco, director de Human Rights Watch en el continente americano. “Por muchos años, hemos concluido que la justicia militar juega un papel fundamental en encubrir a fuerzas de seguridad que cometen atrocidades en materia de derechos humanos”, agregó.

El máximo tribunal resolvió el jueves 9 de agosto por mayoría de ocho a dos que un coronel que encubrió la tortura y asesinato de un hombre a mano de dos tenientes de infantería deberá enfrentar el juicio en una corte federal ordinaria.

Los familiares de la víctima, Jethro Ramsés Sánchez, quedaron satisfechos con el fallo de la Suprema Corte, informó su abogado Octavio Amezcua.

“Lo que les interesa es que lo que le pasó a Jethro no le vuelva a pasar a otros jóvenes. Si esto puede servir como una medida para que otros hechos no se repitan lo ven como un aspecto positivo”, dijo Amezcua, director de defensa de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos.

Agregó que servirá como advertencia a otros soldados.

“Sabían que en caso de cometer un atropello iban a ser juzgados en tribunales militares. Ahora ya van a saber que sus casos van a ser ventilados en tribunales civiles. Van a poner más cuidado”, dijo Amezcua.

Sánchez, de 27 años, fue detenido por policías municipales el 1 de mayo de 2011 después de una pelea en una feria de Cuernavaca, al sur de la capital. Los agentes lo entregaron a él y a un amigo a elementos militares por sospechas de nexos con el crimen organizado. Otros soldados testificaron que en el cuartel oyeron los gritos de Sánchez, quien parecía estar siendo torturado. Amezcua dijo que Sánchez murió poco después y que el coronel acusado, José Guadalupe Arias Agredano, presuntamente dijo a los tenientes que no hablaran y que enterraran el cuerpo en otro lugar.

Más de dos meses después la policía encontró el cadáver y lo entregó a la familia. Ambos tenientes de infantería están presos. Un juez militar declinó resolver el caso y lo giró a un juzgado federal ordinario.

Para que el fallo del jueves tenga un impacto mayor, la Suprema Corte tiene que resolver cinco o más casos similares de la misma forma.

Los jueces de la Suprema Corte ya habían resuelto en julio de 2011 que se restringiera el fuero militar conforme a una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 2009 que concluyó que se debía enjuiciar en tribunales ordinarios a militares que vulneraran derechos humanos de civiles. Sin embargo, el criterio jurídico de la Corte Interamericana no es obligatorio sino una recomendación.

Los expertos han criticado por años la manera en que México lleva a la justicia a efectivos militares por violaciones a los derechos humanos. Las denuncias de abusos, torturas y asesinatos de civiles a manos de soldados se han incrementado desde que el Presidente Felipe Calderón desplegó tropas para combatir el narcotráfico en varias regiones de México en diciembre de 2006.

Los tribunales castrenses han condenado sólo unas cuantas docenas de militares en los últimos años.

En 2010 el gobierno estadounidense retuvo 26 millones de dólares en ayuda a México porque entre sus preocupaciones señaló que el país asignaba casos relacionados a civiles a tribunales militares. En mayo, Estados Unidos declaró que seguía preocupado por la situación que afectaba los derechos humanos y evaluaría si retendría fondos comprometidos a la Iniciativa Mérida, un tratado que data de 2008.

“El reclamo internacional más importante hacia México es éste”, dijo Alberto Herrera, director de Amnistía Internacional México. “Lo que es intolerable para muchos países es que el ejército continúe siendo investigado y juzgado por sus propios tribunales”, agregó.

El experto en derechos humanos Alejandro Anaya Muñoz, del Centro de Investigación y Docencia Económicas, dice que aunque ahora las víctimas tendrán mas oportunidad de testificar, los tribunales civiles también enfrentan problemas para condenar a los acusados de este tipo de crímenes.

“Son mejores en términos de que son más transparentes y accesibles a abogados de derechos humanos y activistas, pero en la práctica no funcionan”, expresó Anaya.