SAN BERNARDINO - La esposa de un miembro encarcelado de la pandilla Mafia Mexicana lo ayudó a controlar y llevar a cabo la venta de narcóticos y supervisar la recolección de "impuestos" a distribuidores para beneficio de la pandilla con raíces en una prisión en el Condado de San Bernardino, según informaron las autoridades.

Janet Marie Hernández, de 41 años y residente de Bloomington, se encuentra entre las acusadas por conspiración y tráfico de narcóticos en un caso federal.

Representantes del Equipo de Acción Contra Pandillas de San Bernardino anunciaron 18 cargos federales y estatales a una lista de casi 100 acusados, presuntamente involucrados en el tráfico de cocaína y metanfetaminas desde septiembre del 2006 hasta el 2009.

Hernández es la esposa de Salvador Orozco Hernández, de acuerdo a varias fuentes policiales. Las fuentes solicitaron permanecer en el anonimato porque el FBI (Agencia de Investigación Federal) casi nunca identifica a los acusados.

Salvador Hernández, de 44 años y residente de Bloomington, es identificado en el historial de la corte como el jefe de la Mafia Mexicana y quien dirigía la organización en el área del Inland. Fue sentenciado a 10 años en una prisión estatal el año pasado en un acuerdo relacionado a un fallido intento de asesinato a sueldo en Highland en el 2006.

Dos miembros de la Tribu San Manuel también se declararon culpables el año pasado por su papel en el intento de asesinato y que los relacionaba a la Mafia Mexicana y al tráfico de metanfetaminas en el área del Inland.

Las nuevas acusaciones federales alegan que Janet Hernández actuó con el respaldo de su esposo, quien solamente es descrito como "coconspirador aún no acusado", y describe cómo ella dirigía "la recolección de pagos de narcóticos procedentes del negocio de las drogas", operando en el área de San Bernardino, el cual era controlado por su esposo, de acuerdo a la acusación. Los oficiales dijeron que las actividades criminales supuestamente ocurrían desde Fontana hasta Yucaipa.

"Los vendedores de narcóticos eran obligados por la Mafia Mexicana a pagar un porcentaje de sus ganancias, conocido como 'impuestos'", a la mujer, según explicó la acusación.

La Mafia Mexicana utilizó amenazas de violencia para reforzar los pagos a cambio de permiso para llevar a cabo la venta de narcóticos en el área bajo el control de sus miembros, así como también protección contra otros vendedores, de acuerdo a la acusación.

Recientemente, más de 200 agentes de ley ejecutaron órdenes de arresto derivadas de violaciones por drogas o armas.

Los oficiales anunciaron la operación durante una conferencia de prensa en el centro de operaciones de la Comisaría de San Bernardino.

Treinta y dos acusados enfrentan posibles sentencias de por vida sin la posibilidad de libertad bajo palabra en una prisión federal si son hallados culpables, y dos más enfrentan hasta 40 años en una prisión federal, según informó Stephanie Yonekuna-McCaffrey, quien habló de parte del fiscal de distrito para la región de Los Angeles, Thomas P. O'Brien.

Debido a que no están incluidos entre los acusados en los casos federales, Yonekura-McCaffrey declinó identificar a los miembros encarcelados de la Mafia Mexicana.

El equipo de trabajo contra pandillas fue creado hace 18 meses. Los cargos federales se enfocan en las actividades criminales de las pandillas, en su mayoría hispanas y afiliadas con la Mafia Mexicana, incluyendo Westside Verdugos, Northside Redlands y Varrio Redlands, bandas que operan primordialmente en San Bernardino y Redlands, de acuerdo a un comunicado de prensa del FBI.

La investigación se enfocó en identificar a miembros clave de la red de tráfico de drogas en el área para poner fin a la violencia asociada con la venta de narcóticos y actividades criminales relacionadas, de acuerdo a un comunicado de prensa.

El equipo de trabajo incautó 36,000 dólares en efectivo, más de seis libras de metanfetaminas, dos libras de cocaína y 19 armas de fuego.

El equipo incluye a representantes del FBI, de la Comisaría de San Bernardino, los departamentos de Policía de San Bernardino y Redlands y el fiscal de distrito del Condado de San Bernardino.