En un intento por explicar cómo se determinan las decisiones de deportación y cómo las nuevas órdenes se acatarán, el congresista Joe Baca se reunió el sábado 24 de enero con representantes del departamento de inmigración durante un foro comunitario efectuado en la Facultad de Leyes de la Universidad de La Verne en Ontario.
En agosto del año pasado, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), liderado por Janet Napolitano, recibió órdenes del presidente Barack Obama para que se enfoque en la revisión de 300,000 casos de deportación y para detener el proceso siempre y cuando los involucrados no tengan historial delictivo ni hayan cometido crímenes serios. En otras palabras, las autoridades federales deportarían sólo a aquellas personas que sean consideradas de alto riesgo.
A principios de este año, Obama anunció un proyecto de ley que permitirá a ciertos inmigrantes indocumentados permanecer en el país mientras legalizan su situación migratoria, acto que ha sido visto por activistas latinos como un paso hacia el trato humano durante la implementación de la ley.
“A esto se le llama discreción del fiscal”, dijo Tim Robbins, representante de ICE en Los Angeles y quien agregó que mientras algunos grupos de personas no serían deportados, otros serían procesados con toda la fuerza de la ley.
“Vamos tras los asesinos, violadores y delincuentes serios. No hacemos redadas en los vecindarios. Tampoco vamos a los lugares céntricos a detener a personas. Estamos haciendo cumplir la ley pero también implementados discreción”, comentó Robbins. “Si una persona ha sido deportada y encontrada violando la ley de reentrada y se le detuvo, lo deportaremos, pero si una persona no ha tenido antecedentes penales y es de buen carácter moral con familia, entonces no será deportado”.
Según Jason Aguilar, asesor del jefe del Departamento de Seguridad Nacional de Los Angeles, hasta ahora, 15,000 casos habían sido revisados y 1,000 habían sido cerrados. Aguilar añadió que el sistema de inmigración cuenta con 284 jueces para revisar 300,000 casos.
“Una tarea muy difícil”, dijo. “Por cierto, ninguna de las personas involucradas en los 1,000 casos fueron deportadas”.
Ambos funcionarios federales instaron a las comunidades con población elevada de inmigrantes a tener fe en el sistema y a reportar cualquier delito, ya que los implicados podrían ser criminales que deberían ser deportados.
Ambos dijeron que su trabajo no es asustar a la gente, sino proporcionar seguridad. Sin embargo, esta discreción procesal no ha avanzado en la promesa del gobierno de Obama de sacar a 11 millones de indocumentados de las sombras.
“Pueden decir lo que quieran, pero todos sabemos que personas inocentes siguen siendo deportadas. Algunos agentes de policía siguen aplicando la discriminación racial y se siguen creyendo agentes federales. Sabemos que sucede todos los días”, indicó por su parte José Calderón, profesor retirado y activista local. “Si las autoridades hacen bien su trabajo, muchas familias podrían salvarse de la deportación. Eso todavía está por verse”.
El foro comunitario contó con la presencia de decenas de personas, incluyendo varios activistas locales que por años han luchado por la justicia social y una reforma migratoria integral.
Pacientemente, los activistas escucharon a las representantes federales que convencieron de cierta forma a algunos mientras que la mayoría no estuvo de acuerdo con lo escuchado.
El sistema de inmigración ha estado roto desde hace años y necesita ser reparado, argumentan los activistas. La única solución es una reforma migratoria. La reforma cesaría la división de familias, argumentan. La reforma también evitaría que ciudadanos estadounidenses, como una joven de 15 años nacida en Texas, terminara siendo deportada a Colombia.
“El presidente Obama ha trabajado durante años por una reforma migratoria pero no ha tenido el apoyo necesario. Necesitamos un apoyo bipartidista, de lo contrario, millones de personas continuarán viviendo bajo las sombras”, indicó Baca.
