POMONA: El Concejo Municipal aprueba estación de transferencia de residuos

ALEJANDRO CANO/ESPECIAL PARA LA PRENSA
David Perez, propietario de la empresa Valley Vista, aseguro la estacion seguira al pie de la letra los reglamentos federales y estatales.
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Pomona – A pesar de la gran oposición y después de escuchar decenas de testimonios y argumentos en contra y a favor, el Concejo Municipal de Pomona aprobó la noche del lunes 16 de julio la construcción de una estación de transferencia de residuos que estará ubicada en un vecindario latino y rodeado de varias escuelas.

Con dos votos de 4-2, el Concejo certificó un estudio ambiental y un mapa tentativo para la construcción de la estación llamada Grand Central Recycling que será administrada por la compañía Valley Vista. Un tercer voto de 4-1 aprobó un permiso condicional para la construcción del proyecto que estará ubicado en la cuadra 1300 de la calle East Ninth.

La concejal Cristina Carrizosa, quien abandonó el auditorio de Western University of Health Sciences, en donde se llevó a cabo la reunión para acomodar a más de 350 personas, votó en contra del proyecto al igual que el vice alcalde Freddie Rodríguez quien actuó como líder después que el alcalde Ellioth Rothman se excusó para evitar conflictos de interés. Rothman recibió dinero para su campaña de la compañía Valley Vista.

Carrizosa propuso llevar el tema a la boleta de noviembre mientras que Rodríguez argumento la salud de los residentes está por encima de los ingresos económicos.

“Claro que queremos generar ingresos, pero la pregunta es qué tan desesperados estamos. ¿Vale la pena poner en riesgo la salud de los habitantes por ingresos que no aseguran que la biblioteca ni la estación de bomberos permanecerán abiertas? No lo creo”, comentó Rodríguez.

El concejal se refirió a los fondos que supuestamente generará la compañía para la ciudad y al problema económico que enfrenta la municipalidad. El mes pasado, el Concejo aprobó mantener la estación de bomberos y la biblioteca municipal a cambio de recortes en otros departamentos pero no aseguró su futuro debido a déficit fiscal que encara la ciudad.

Según la administradora Linda Lowry, el millón de dólares en impuestos que supuestamente generará la compañía a la ciudad no es suficiente para mantener ningún facilidad abierta ya que el costo aproximado de reparación de calles debido al daño ocasionado por los más de 300 camiones de basura que transitarán por la ciudad todos los días excede los $5 millones.

La estación de transferencia de basura estará ubicada en una propiedad de 10.5 acres en un vecindario predominantemente habitado por residentes de origen hispano y estará rodeado por siete escuelas con aproximadamente mil estudiantes cada una.

Un estudio ambiental aseguró que el proyecto creará problemas de ruido y tráfico durante la construcción pero que mermarán cuando la obra este completa.

El estudio descartó problemas con cáncer y enfermedades respiratorias debido a la presencia de la estación, argumentos utilizados por oponentes al proyecto.

Una vez en operación, la estación recibirá mil toneladas de basura al día, 500 toneladas menos de lo propuesto. En realidad, la cantidad debió haber sido reducida para que el proyecto fuera aprobado. La moción fue hecha por la concejal Danielle Soto, quien según Larry Ortega, presidente de Community Union Inc violó los reglamentos del Brown Act debido a que su jefe de campaña labora para la compañía Valley Vista.

Soto no pudo ser entrevistada después de la reunión y tampoco contestó a llamados de La Prensa.

La concejal Ginna Escobar, quien durante las seis horas que duró la reunión se mostro aburrida y desinteresada, así como el concejal Stephen Atchley, argumentaron que el proyecto generará empleos y que es una buena oportunidad para generar ingresos y evitar así la posible bancarrota de la ciudad.

“Hoy estamos hablando de abrir un negocio que generará 50 o más empleos. Mañana podríamos estar hablando sobre la bancarrota debido a la crisis económica. Yo prefiero abrir negocios”, dijo Atchley.

Frank García, director ejecutivo de la Cámara de Comercio de Pomona, indicó que la estación de transferencia de residuos es una estación de primer nivel que no emitirá contaminantes y que al contrario beneficiará a la región. Sin embargo, Linda Hinojos, residente local, aseguró el concejo vendió su voto para favorecer a empresas en lugar de mirar por el bienestar de la comunidad.

Hinojos, así como un grupo de opositores al proyecto, abandonaron el recinto con gritos y visiblemente enojados con un concejo que “debería tener vergüenza” luego de que la moción para llevar el tema a la boleta falló. La concejal Escobar despidió con la mano a los manifestantes que interrumpieron la reunión en varias ocasiones con gritos y cánticos.

“Vendidos, deberían tener vergüenza y apoyar a la gente no a las grandes empresas. Que vergüenza”, indicó Hinojos. “¿A caso no les importa el futuro de los niños? ¿A caso no tienen pantalones para decirle ‘no’ a las empresas?”

En realidad, los gritos comenzaron desde antes de iniciada la reunión. Afuera del recinto, cuatro grupos manifestaban su punto de vista para crear un caos visual.

Por una parte estaban los miembros de Inland Empire Sponsoring Committee (IESC por sus siglas en ingles), el cual negoció con la empresa para apoyar el proyecto. Por otra parte se encontraban los miembros de la coalición de justicia ambiental quienes argumentaron el proyecto creará empleos que beneficiarán a familias locales.

En un tercer plano estaban los que apoyaban el proyecto tal y cual y por último los opositores que repudiaron el proyecto y cualquier negociación.

Lideres de IESC demandaron que la compañía debería recibir basura local en vez de basura regional; que los camiones no utilicen diesel; que la estación no sea utilizada para cargar combustible; que la empresa se responsabilice para la contratación de un inspector de seguridad; que formen parte de un comité especial para garantizar la no contaminación ambiental; y que le den prioridad a residentes de Pomona al momento de ofrecer empleos.

David Pérez, vice presidente de Valley Vista accedió a las demandas y presentó los cambios durante su turno en el micrófono de la sección de comentarios públicos — algo que Carrizosa vio como falta de consideración y una manera de convencimiento a los demás concejales.

Al final de la reunión, Pérez dijo a La Prensa que la empresa operará bajo la ley estatal y federal y que los argumentos en contra le ayudarán a mejorar la calidad de servicio.