UNIVERSIDAD: Asistencia financiera para estudiantes indocumentados

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Samantha Yáñez, 17 de Perris, recientemente solicitó la ayuda financiera con la intención de asistir al colegio para ser enfermera. Una nueva ley estatal beneficia a estudiantes indocumentados como Yáñez.
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Berenice Gorosica se matriculó en la Universidad Comunitaria Mt. San Jacinto el otoño pasado pero no pudo asistir porque no tenía el dinero para pagar por sus clases. La estudiante de Hemet de 19 años es una inmigrante indocumentada que no calificó para recibir asistencia económica financiada por el estado.

Pero empezando el 1 de enero, la ley de California permite que estudiantes que son inmigrantes indocumentados tengan acceso a asistencia estatal. Gorosica dijo que la ley le permitirá realizar su sueño de convertirse en enfermera médica.

“Esto es una gran ayuda para mí”, comentó sobre la asistencia estatal.

Empezando el 1 de enero, los inmigrantes indocumentados que asistieron a las preparatorias de California por 3 años son elegibles para recibir asistencia estatal. Se espera que cerca de 20 mil personas – menos del uno de por ciento de los estudiantes universitarios – soliciten becas estatales (Cal Grants) bajo la ley Dream Act del 2011, comentó Diana Fuentes-Michel, directora ejecutiva de la Comisión de Asistencia Estudiantil de California.

La ley incluye a estudiantes que asistieron a la preparatoria en California por al menos tres años y que egresaron de una escuela preparatoria en California. Ésta también beneficia a los ciudadanos y residentes legales que asistieron a preparatorias en California pero que se mudaron del estado, lo que anteriormente los descalificaba para recibir asistencia financiera estatal.

El Sistema de Universidades de California (UC, por sus siglas en inglés) proyecta que cerca de 300 de los anticipados 800 estudiantes del sistema que son elegibles este año para becas del programa Cal Grants, residen en el país sin documentos. Las proporciones son similares en la Universidad de California, Riverside (UCR), según oficiales.

Datos similares no se encontraban disponibles para el Sistema de Universidades Estatales de California (CSU) o el Sistema de Universidades Comunitarias, los cuales son mucho más grandes.

La propuesta para ofrecer becas estatales a estudiantes indocumentados inició un fuerte debate en la legislatura.

Uno de los líderes opositores, el Asambleísta Tim Donnelly, republicano por Twin Peaks, dijo en un comunicado reciente que la ley es “un insulto a cada ciudadano contribuyente, y a cada estudiante de California”.

“Deberíamos de recompensar a aquellos que respetan nuestro proceso en lugar de crear nuevos incentivos para aquellos que no lo hacen”, comentó.

Fuentes-Michel dijo que los estudiantes elegibles por medio de la ley Dream Act ya han sido educados en el sistema escolar de California y no deberían perder la oportunidad de recibir una educación universitaria.

“Ya hemos invertido en estos estudiantes”, comentó. “Si les negamos una educación los estamos relegando a menores oportunidades de empleo”.

La universidad como una posibilidad

Luz Gallegos, directora de programas comunitarios en la organización de servicios legales TODEC, un grupo de asistencia a inmigrantes con sede en Perris, dijo que cuando los inmigrantes obtienen mejor empleos, contribuyen más en impuestos.

Bajo una política de la administración del Presidente Obama que entró en vigencia en agosto, los jóvenes inmigrantes indocumentados que cumplen con ciertos requisitos pueden obtener permisos temporales de trabajo.

En el 2011, Gallegos viajó tres veces en un bus lleno de residentes del Inland a Sacramento para apoyar al Dream Act.

Muchos de los muchachos han estado aquí todas sus vidas, comentó.

“Hay tanto potencial en ellos. No es su culpa que sus padres los hayan traído aquí indocumentados”, dijo Gallegos.

Gorosica llegó a California desde México con su madre cuando tenía un año y medio. Y no ha regresado desde entonces.

Ella y su madre viven de manera separada, ambas con diferentes amigos, ya que como inmigrantes indocumentadas no han sido capaces de encontrar empleos además de niñeras o trabajos esporádicos, y no pueden pagar por un apartamento.

Asistir a la universidad sin asistencia financiera sería imposible, comentó Gorosica.

Robert Calderón, residente de Moreno Valley, abandonó la Universidad Comunitaria de Moreno Valley en el otoño porque no podía costearla.

Al igual que Gorosica, Calderón, de 19 años, no ha sido capaz de encontrar un empleo.

Calderón dijo que con asistencia financiera será capaz de regresar a clases este semestre y más adelante transferirse a la Universidad Estatal de San Bernardino para estudiar ciencias de la computación. Calderón ha vivido en California desde que tenía 1 año.

Beneficios y costos

Samantha Yáñez, de 17 años y residente de Riverside, solicitó admisión a cuatro universidades estatales en California para el otoño del 2013 pero probablemente no hubiera podido asistir a una universidad de cuatro años de no haber sido por la aprobación del Dream Act.

Sus padres proveen económicamente por ella y sus tres hermanos con ingresos de $25,000 al año.

“Es muy difícil para ellos pagar las cuentas que tenemos ahora”, comentó. “No podrían mantener a la familia y pagar por la universidad”.

Yáñez, de 17 años y quien llegó de México en el 2001, ha asistido a las escuelas publicas del Inland desde el primer grado. Ahora es estudiante de último grado en la preparatoria Instituto Militar de California en Perris.

“Hago el juramento a la bandera junto con los demás estudiantes”, comentó. “Así que me considero estadounidense, y luego mexicana, porque he estado en México pero realmente no lo conozco. No he estado allí desde que llegué aquí”.

Donnelly alega que la ley restará fondos a estudiantes que son ciudadanos estadounidenses.

Aunque partidarios de la ley dicen que esta no afectará el número o la suma de becas que son otorgadas a ciudadanos y residentes legales, la Oficina de Análisis Legislativo, una entidad estatal no partidaria, presentó un informe en el 2011 donde concluyó que podría reducir la cantidad de dinero que los estudiantes ciudadanos reciben, sin importar cual era el deseo de los estudiantes.

El informe estima que la ley costará cerca de $65 millones al año para el 2016-17.

Donnelly también dijo que la ley va en contra de los deseos de los votantes de California.

Una encuesta de USC Dornsife/Los Angeles Times, tomada después de la aprobación del Dream Act, descubrió que el 55 por ciento de los votantes se oponía a la ley y el 40 por ciento la apoyaba. La encuesta muestra una gran división étnica, con el 79 por ciento de los latinos apoyando la ley, comparado con el 30 por ciento de los residentes anglosajones.

Una provisión adicional, la segunda parte del Dream Act, entró en vigor el 1 de enero del 2012. Esta permite a los mismos estudiantes acceso a becas privadas otorgadas por medio de universidades públicas.