RIVERSIDE: Demandas legales combaten viviendas con frecuentes actividades criminales

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La Ciudad de Riverside presentó una demanda legal contra los propietarios de esta vivienda en el bloque 4660 Beacon Way por las continuas actividades ilícitas en la residencia, según documentos de corte. La vivienda contenía un túnel secreto. Según los vecinos, ya no hay problemas en la vivienda.

Al menos 15 veces en los últimos dos años, la Policía de Riverside fue llamada a la vivienda en el bloque 4660 Beacon Way. Los arrestos de ex convictos que violaban su libertad condicional y vendedores de drogas que se encontraban en el lugar no fueron suficientes para poner fin a las actividades ilegales en el lugar. Los vecinos estaban aterrorizados por el flujo de extraños dentro y fuera del vecindario y a todas horas del día.

Dentro de la vivienda, los investigadores dicen haber encontrado equipos de vigilancia para alertar a sus ocupantes que la policía estaba en camino y un túnel secreto donde las drogas eran almacenadas.

“Era algo aterrorizante”, comentó Bruce Decker, de 63 años, y quien vive en Beacon con su esposa Cathy. “Eran un grupo de bandidos de metanfetaminas”.

Pero la calma regresó al vecindario en septiembre luego que la ciudad obtuviera una orden legal obligando a los propietarios de la vivienda a poner fin a los problemas, o a enfrentar fuertes multas y una prohibición contra la renta de la propiedad.

El procurador de la ciudad, Greg Priamos, dijo que Riverside usa con más frecuencia estas demandas legales para detener la actividad ilícita – en su mayoría venta y uso de drogas – en lo que son en general propiedades de renta donde las tácticas de ley tradicionales no funcionan.

“Es una herramienta extremadamente poderosa que hemos usado juiciosa pero efectivamente bien”, comentó Priamos durante una entrevista en su oficina municipal. “No queremos ir y venir y diluir nuestros recursos policiales al tener que enviar agentes cada vez para realizar arrestos”.

Ciudades desde Murrieta hasta Hemet y San Bernardino han abordado el mismo problema desde diferentes ángulos. Algunos utilizan el código penal, otros han desarrollado decretos municipales y otros imponen multas que aumentan cada día.

Priamos dijo que Riverside ha presentado cerca de media docena de demandas legales en los últimos dos años, con una de ellos aun en el sistema de la corte.

Los propietarios de las viviendas enfrentan multas de 25,000 dólares por desacato a la corte si no expulsan a los criminales. Muchos de estos propietarios viven fuera del condado y desconocen los problemas, preocupándose solamente por el cheque mensual de la renta, comentó Priamos.

“Estas demandas captan la atención de los propietarios”, comentó Rahman Gerren, de la oficina del procurador de la Ciudad de Riverside. “No hemos tenido problemas subsecuentes tras presentar las demandas”.

Priamos dijo que el 90 por ciento de los propietarios coopera cuando son notificados del problema, y en raras ocasiones son los mismos criminales. Es con el 10 por ciento restante que la oficina de Priamos tiene que actuar.

Criminales en alerta

Las demandas legales describen en detalle las actividades ilegales en las viviendas.

El problema en Beacon Way era que la vivienda atraía a criminales. “(El Departamento de Policía de Riverside) ha identificado a la localidad como un punto conocido de reunión para ex convictos en libertad bajo palabra y en libertad provisional”, según la demanda. “Múltiples arrestos han sido inefectivos en cesar la actividad de drogas que ocurre en la propiedad en cuestión. La intervención de la corte es necesaria para que la propiedad en cuestión cumpla con las leyes”.

Los ocupantes han instalado sistemas de vigilancia que apuntan hacia la calle para saber cuándo la policía se presenta y poder esconder o tirar las drogas por el baño. Y bajo la vivienda han construido un túnel – accesible por medio de una compuerta en un closet – donde las autoridades creen se almacenaban las drogas, según la demanda.

La vivienda es ahora dirigida por un fideicomiso del antiguo propietario.

La vecina Cathy Decker, de 63 años, dio las gracias al concejal Mike Gardner y a Priamos por haber acabado con los agitadores.

“Hay muy buenos arrendatarios allí ahora”, comentó. “Ahora puedo volver a decir que es un gran vecindario”.

Los residentes de Canterbury Road, sin embargo, dicen están asustados.

Riverside ha presentado una demanda legal contra los propietarios del lote 4185 de Canterbury para que detengan la criminalidad del lugar. Al igual que en Beacon, múltiples arrestos no han disuadido a los criminales, según la demanda. La demanda nombró diez arrestos entre marzo del 2011 y julio del 2012.

En los arrestos en marzo, la policía dijo haber encontrado un monitor que mostraba imágenes del frente de la vivienda, un escáner que recibía la frecuencia radial de la policía y una caja fuerte que contenía metanfetaminas.

Intentos de obtener comentarios en la vivienda no fueron exitosos.

Se espera una audiencia del caso para junio.

En otra vivienda donde el propietario fue demandado, 2752 Tropicana Drive, la policía fue llamada 11 veces entre junio del 2009 y mayo del 2011, realizando varios arrestos. El condominio también contaba con una cámara de vigilancia y un escáner de la frecuencia radial de la policía, según la demanda.

Soluciones en otras ciudades

En Murrieta, el teniente de policía Tony Conrad dijo que la ciudad no ha explorado demandar a los propietarios de las viviendas para poner fin a las actividades criminales. Las autoridades trataron el problema utilizando la sección 11366.5 del Código de Salud y Seguridad de California, el cual esencialmente dice que cualquier persona que conscientemente rente una propiedad a alguien con el propósito de vender drogas ilegales puede ser encarcelado.

Conrad dijo que la mayoría de propietarios colabora con la policía.

El 24 de enero, los Departamentos de Policía de Murrieta, Lake Elsinore y Temecula llevaron a cabo un seminario para propietarios y manejadores de unidades de renta, proveyendo consejos sobre cómo prevenir el crimen en sus propiedades.

En mayo del 2012, Hemet, como parte de su programa Hemet ROCS, que se encarga de temas que afectan la calidad de vida como la prostitución y las carretillas de supermercado abandonadas, aprobó ordenanzas para combatir los crímenes frecuentes en las propiedades de renta.

La ordenanza prohíbe que cualquier persona rente de manera consciente una propiedad a personas involucradas en actividades de pandillas o drogas. Las multas van de 1,500 a 6,000 dólares por una a cuatro infracciones en un periodo de 24 meses.

En San Bernardino, el procurador de la ciudad, Jim Penman, dijo que ha demandado a propietarios de vivienda y ha extendido multas de 1,000 dólares diarios a aquellos que no cumplen con las ordenanzas contra las molestias públicas.