RIVERSIDE: Jefe de la policía Sergio Díaz habla sobre inmigración

KURT MILLER/STAFF PHOTOGRAPHER
Más de 100 personas asistieron al Centro de Niños Nati Fuentes en Riverside, el sábado 9 de febrero, para escuchar al jefe de la policía.
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La Coalición de Justicia para Inmigrantes (JFI, por su sigla en inglés) organizó un foro con el jefe de la policía de Riverside, Sergio Díaz, el sábado 9 de febrero para platicar sobre su posición en aspectos de inmigración.

“Hemos hablado de varios temas de actualidad… y cuáles son las políticas en particular del departamento de policía de la ciudad y las organizaciones federales”, dijo Díaz.

Este evento se realizó completamente en español y se ofreció asistencia de traducción para los angloparlantes.

El obispo auxiliar de la Diócesis de San Bernardino, Rutilio del Riego, mencionó ante los presentes que convocaron a esa junta “para tratar los problemas de seguridad, justicia y bienestar para la comunidad, especialmente para la comunidad inmigrante”.

Por su parte, el coordinador de JFI, Fernando Romero, expresó que este jefe policial “siempre ha tenido las puertas abiertas para escucharnos”.

Díaz explicó sobre sus antecedentes y afirmó haber trabajado por más de 30 años en una ciudad étnicamente muy diversa como Los Angeles, donde fue el oficial bilingüe con el más alto rango.

Recalcó que tiene y debe haber una relación de confianza entre la policía y la comunidad.

“Cuando hay hostilidad entre la policía y la comunidad, los delincuentes se aprovechan de esa circunstancia. Si no hay confianza, los ciudadanos se rehúsan a participar en el sistema de justicia”, expresó Díaz.

Expresó que el año pasado hubo un incidente donde un policía de Riverside llamó a la Patrulla Fronteriza por un asunto de tránsito, y eso desencadenó que se realizaran ciertos cambios.

Díaz implementó por escrito una política a todos los funcionarios policiales sobre el arresto y detención de personas indocumentadas.

“En general es un documento burocrático, como tienen los departamentos de policías que hacer las cosas, pero que dice que el cumplimiento de las leyes migratorias es autoridad federal y no le corresponde al departamento de policía”, dijo Díaz.

Díaz señaló que antes no había nada escrito que le indicara a los policías cómo actuar exactamente, y en cuales casos tenían que comunicarse con las autoridades federales.

Lo que esa orden, aprobada el 31 de julio del 2012, establece es que cuando se trata de un delito menor o de una infracción de tránsito, los policías de la ciudad de Riverside no tienen que contactar a los oficiales del alguacil o autoridades federales.

“Hubo gente que quería que no tuviéramos comunicación del todo con otras agencias, pero yo no estaba de acuerdo. Lo que hicimos fue una lista de crímenes y aquellos casos graves como droga, trata y tráfico de humanos, prostitución y violaciones sexuales, sí son referidas a otras agencias”.

Díaz mencionó que se ha criado entre la práctica que los policías no son agentes de inmigración, y que su preocupación es la seguridad de la comunidad.

Una de las preguntas de la audiencia fue ¿si me arrestan por estar tomado, soy deportado?

Díaz explicó que todo comienza con un arresto, cuando la policía detiene a la persona y se ficha a la cárcel del condado.

“Lo que ocurre depende de las circunstancias. En aproximadamente el 55 por ciento de los casos, cuando las personas son arrestadas por estado de embriaguez, no van a parar a la cárcel del condado, pero debe cumplir con la condición de ir ante un tribunal”, dijo.

Entre esas circunstancias, Díaz señaló que tiene que ver si esa persona ha causado daños materiales o ha dejado heridas a otras personas.

Como se recordará, el primero de enero del 2012 se aprobó una ley con la cual si un conductor es detenido y no tiene licencia de conducir, tiene la oportunidad de llamar a alguien con licencia para que se lleve el vehículo.

“Nosotros lo que hicimos en el departamento de policía fue que un mes antes que entrara en vigencia esta ley, es decir, en diciembre del 2011, empezamos a implementarla ley para saber cómo iba a funcionar y todo resultó bien”, dijo Díaz.

Otra de las interrogantes fue cómo se deciden dónde se colocan los retenes.

El jefe de la policía de Riverside explicó que son establecidos de acuerdo a estadísticas por el estado de California.

Explicó que ocurren suficientes accidentes a lo largo de toda la ciudad como para colocar retenes en cualquier parte, pero señaló que se requiere de una logística de espacio para colocar el equipo, poder realizar las pruebas y reconocer si alguien está bajo la influencia de cualquier sustancia.

“Colocamos los retenes en calles transitadas, o donde haya la posibilidad que por allí transiten conductores ebrios. Especialmente, los viernes y sábados”, dijo.

Explicó que la ciudad de Riverside no tiene la práctica de aceptar tarjetas consulares como documento de identificación válida como otros condados.

“Pero la policía sí acepta varias identificaciones, como la del trabajo, pero difícilmente aceptamos la matrícula consular”, respondió.

Otra de las preguntas se refería a cuántos policías hablan español en su departamento, a lo que Díaz respondió que sólo entre el 10 al 15 por ciento, a lo cual aclaró que no es suficiente.

Explicó que la habilidad de hablar español u otro idioma asiático, especialmente coreano, es considerado como un de factor importante a la hora de contratar a nuevos policías.

Entre los más de cien asistentes a este foro estuvieron presentes, el asambleísta del Distrito 61 de California, José Medina; el concejal del circuito 2 de la ciudad de Riverside, Andy Melendrez y Rafael Elizarde, de la oficina del congresista del área Mark Takano.

Fernando Romero, Informó a The Press Enterprise que esa política de la ciudad de Riverside pareciera ser la más amigable para los inmigrantes en el Inland Empire y que refleja en entendimiento de Díaz del miedo que muchos inmigrantes indocumentados le tienen a la policía.

“Es bueno tener algo escrito en papel”, dijo Romero, aunque criticó cierto lenguaje ambiguo de esta orden, como por ejemplo, cuando determinar que alguien es razonablemente sospechoso o si está en actividades subversivas.